Este 1 de febrero la Asamblea de Leganés por la República ha homenajeado
a Yolanda González cobardemente asesinada por el fascismo durante la
mal denominada "trancisión" que costó la vida de muchas militantes de la
clase estudiantil y trabajadora. Nosotros no olvidamos.
Ni olvido ni perdón! Que su asesino esté libre y trabajando para la
policía del estado dice mucho.
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El 1 de febrero de 1981 -cinco años después de la muerte de Franco, dos
años después de la ratificación de la Constitución española, tres
semanas antes del intento de golpe de Estado del 23 de febrero- la
estudiante de diecinueve años Yolanda González es secuestrada, torturada
y asesinada en Madrid por una célula de la organización armada
ultraderechista Batallón Vasco Español (BVE). Pocos días después, el
grupo cae por la delación de uno de sus pistoleros, que resulta ser
también agente de policía. El líder del comando, Emilio Hellín, es
detenido en casa de un policía en Vitoria. Entre los implicados figura
también un ex-guardia civil, jefe de seguridad del partido fascista
Fuerza Nueva. En la operación se incautan explosivos y armamento
reglamentario del Ejército, equipo informático y de telecomunicaciones
de la Guardia Civil y documentación que señala a la joven asesinada como
objetivo de seguimiento policial.
Yolanda González no milita en ETA, como pretenden hacer creer sus
asesinos durante el juicio, sino en el trotskista Partido Socialista de
los Trabajadores y en la Coordinadora de Estudiantes madrileña. Se están
produciendo, y Yolanda participa activamente de ellas, importantes
movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de
Centros Docentes, reformas educativas de signo neoliberal que promueve
el gobierno de UCD, partido gestado en el seno del franquismo como
salvoconducto democrático para su casta dirigente, y que hereda,
material e ideológicamente intacto, el aparato represivo del franquismo:
“¡UCD, UCD, la pistola se te ve!”, se grita en el funeral de Yolanda
[1], como en el de muchas de las aproximadamente doscientas víctimas de
la violencia policial y parapolicial que jalonan la Transición española
[2]. El diputado socialista Juan Barranco declara:
¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el
mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué
organizaciones, incluso extranjeras [...], tenían relaciones los
implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado
Batallón Vasco Español? [Este asesinato] se achaca en su superficie a
elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con
instituciones del Estado [3].
Hellín es condenado en 1982 a cuarenta y tres años de prisión, tras una
insuficiente instrucción que no profundiza en el entramado
ultraderechista ni esclarece sus conexiones con las fuerzas de
seguridad. En 1987, aprovechando un inexplicablemente benévolo permiso
carcelario, huye a Paraguay, donde colabora con los servicios represivos
del dictador Alfredo Stroessner. Allí es descubierto por la prensa,
detenido y finalmente extraditado a España. Tras penar un total de trece
años, es puesto en libertad en 1996, para desaparecer por completo de
la actualidad informativa. Hasta que en febrero de este año el diario El
País informa de su nueva actividad como empresario de seguridad
privada, colaborador de alto nivel de los ministerios de Interior y
Defensa y varias fuerzas de seguridad estatales y autonómicas, además de
perito de la Audiencia Nacional en casos de terrorismo y crimen
organizado. Entre otros servicios, el hombre que en febrero de 1981
descerrajó dos tiros en la cabeza de Yolanda González y arrojó su
cadáver a un descampado a las afueras de Madrid “ha impartido numerosos
cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia
Civil sobre teléfonos espías, obtención de evidencias en Mac, iPhone e
iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles”
[4].
Fuente: Quién mató a Yolanda González?
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172366